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desde que entró en vigor el RD-Ley 9/2020, la interpretación del art. 2 iba a ser fuente de conflicto en los tribunales, con posibles pronunciamientos dispares (como así está sucediendo).

En nuestra opinión, y como hemos venido manteniendo (y aunque pensamos que es una cuestión que terminará en el Tribunal Supremo y, evidentemente, un tribunal tiene la última palabra), estos despidos deben declararse improcedentes, pero no nulos.

Hay que tener en cuenta que el TS ha venido determinando que el despido sin causa (o aunque ésta no esté justificada) debería declararse improcedente, pero no nulo (a salvo de supuestos blindados, como por ejemplo, la reducción de jornada por guarda legal, donde no cabe la declaración de improcedencia).

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 5 de mayo de 2015 (en la que realiza un amplio repaso sobre la declaración de improcedencia en caso de despido sin causa) señala expresamente lo siguiente:

Esta línea jurisprudencial sobre la carencia de “apoyo o refrendo legal” de la nulidad del despido fraudulento se inicia en STS 2- 11-1993 (rec. 3669/1992 ) y continúa en STS 19-1-1994 (rec. 3400/1992 ), STS 23-5-1996 (rec. 2369/1995 ) y 30-12-1997 (rec. 1649/1997 ).

“Cuando no hay causa legal para la extinción del contrato de trabajo y la causa real no se encuentra entre las tipificadas como determinantes de la nulidad del despido -concluye STS 29-2- 2001- la calificación aplicable es la de improcedencia” del despido, y no la de nulidad del mismo.

En todo caso, la existencia de estos pronunciamientos judiciales dispares genera una gran inseguridad jurídica, perjudicial tanto para las empresas como para los trabajadores.

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