Consecuencias de la moratoria hipotecaria decretada por el Gobierno para los afectados por la COVID-19.

La moratoria hipotecaria que ofrecen los bancos puede encarecer los préstamos.

El 90% de los solicitantes no cumplen los cuatro requisitos que exige el Gobierno, según la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), que reclama más flexibilidad y laxitud, así como una ampliación de la prórroga, que por el momento sólo alcanza los tres meses de duración.

Los requisitos exigidos por el Gobierno son:

– Que el afectado haya sido despedido o esté sujeto a un ERTE a raíz de la crisis; en caso de ser empresario, debe haber visto reducidos sus ingresos en al menos un 40%.

– Los ingresos de la familia no deben superar tres veces el Iprem (unos 1.600 euros),

– La hipoteca y los gastos han de suponer más del 35% del total de ingresos netos

– Y por último, la carga hipotecaria debe haberse multiplicado por 1,3. 

En este contexto, la mayoría de grandes entidades han optado por ofrecer moratorias personalizadas para sus clientes, sin embargo, estas fórmulas devengan en intereses añadidos para el cliente.

Las entidades que conforman la Asociación Española de Banca (AEB) y CECA anunciaron en abril un acuerdo para poner en marcha esta moratoria, denominada sectorial, mucho menos estricta que la fijada por el Gobierno. Las cifras muestran, en opinión de la presidenta de la Asufin, que ésta ha sido “la única alternativa para miles de familias ahogadas por el pago de la hipoteca”.

La moratoria sectorial consiste en diferir el pago del principal abonando solo los intereses correspondientes de dichos préstamos durante la carencia pactada, “lo que reduce sensiblemente la cuota mensual”. Esta moratoria se amplía a 4 o 12 meses, según la entidad bancaria. 

No obstante, la operación conlleva una novación de la escritura, con gastos de notaría y Registro de la Propiedad; y durante el periodo de carencia, el cliente únicamente debe abonar los intereses. 

Tras la moratoria, o se amplía el plazo de la hipoteca por el mismo número de mensualidades que dure la carencia, o se mantiene el plazo, incrementando la cuota mensual. En ambos casos, el usuario paga más dinero que con el contrato inicial.

  Por todo ello, y dado que la moratoria obedece a una emergencia sanitaria, Asufin reclama al Gobierno una relajación de los cuatro requisitos fijados, así como una prórroga de la duración que ascienda a los seis meses, y que el capital aplazado no devengue en intereses que recaigan sobre el cliente.